El Gran Farma.

John Le Carré, espía al servicio de su Majestad británica durante su juventud y autor de éxito de novelas de espionaje en su madurez, analiza en este artículo el asombroso poder de la industria farmacéutica y lo señala como uno de los ejemplos más elocuentes de lo que él considera el gobierno de las grandes corporaciones económicas. Arguye que su enorme capacidad de hacer el bien se ha visto apagada por su lado más oscuro: la corrupción, la avaricia y la hipocresía que la rodean. La prepotencia de estas gigantescas transnacionales forma parte de la trama de la última novela de Le Carré que Plaza y Janés pondrá a la venta en España en la primera quincena de marzo.

Los tiempos han cambiado desde la guerra fría, pero ni la mitad de lo que nos gustaría creer. La guerra fría ofrecía la excusa perfecta a los Gobiernos occidentales para saquear y explotar el Tercer Mundo en nombre de la libertad; para amañar sus elecciones, sobornar a sus políticos, nombrar a sus tiranos y, utilizando los más complejos instrumentos de persuasión e injerencia, detener la aparición de las jóvenes democracias en nombre de la democracia.

Y mientras actuaban así -ya fuera en el sureste asiático, Centroamérica y Suramérica o África- fue tomando cuerpo una idea ridícula con la que seguimos cargando hoy. Es una noción muy querida tanto para conservadores como, en mi país, el Reino Unido, para el nuevo laborismo. Una idea que convierte en hermanos siameses a Tony Blair, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Bill Clinton y George W. Bush. Se trata de la convicción de que, hagan lo que hagan las grandes empresas comerciales a corto plazo, en última instancia se mueven por razones éticas y, por consiguiente, su influencia es beneficiosa para el mundo. Y cualquiera que piense lo contrario es un hereje neocomunista.

En nombre de esta teoría contemplamos, aparentemente sin poder hacer nada, cómo desaparecen cada año millones de kilómetros cuadrados de selvas tropicales, las comunidades agrícolas nativas se ven sistemáticamente despojadas de sus formas de vida, desplazadas y sin hogar, se ahorca a los que protestan y se dispara contra ellos, se invaden y profanan los rincones más encantadores del mundo y los paraísos tropicales se convierten en páramos en descomposición, cuyo centro lo ocupan megalópolis desmesuradas e infestadas de enfermedades.

Cuando empezaba a buscar una historia que ilustrase este argumento para mi última novela, me pareció que el ejemplo más elocuente de todos estos crímenes del capitalismo salvaje me lo ofrecía la industria farmacéutica. Podría haber abordado el escándalo del tabaco con aditivos, elaborado por los fabricantes occidentales para producir adicción y, de paso, cáncer en comunidades del Tercer Mundo ya asoladas por el sida, la tuberculosis, la malaria y la pobreza en una medida que pocos de nosotros podemos imaginar.

Podría haberme ocupado de las compañías petroleras y la impunidad con la que Shell, por ejemplo, desencadenó una inmensa catástrofe humana en Nigeria al desplazar a tribus, contaminar su tierra y provocar un levantamiento que desembocó en juicios irregulares y la vergonzosa tortura y ejecución de hombres muy valientes a manos de un régimen totalitario perverso y corrupto.

Sin embargo, el mundo de las multinacionales farmacéuticas me atrapó al entrar en él, y ya no pude dejarlo. El Gran Farma, como se lo conoce, tenía de todo: las esperanzas y los sueños que depositamos en él; su enorme potencial -en parte llevado a la práctica- de hacer el bien, y su lado más oscuro, alimentado por inmensas cantidades de dinero, una hipocresía rampante, corrupción y avaricia.

Cuando llevaba sólo un par de días investigando el Gran Farma oí hablar del frenético reclutamiento de voluntarios del Tercer Mundo como conejillos de Indias baratos. Su papel, aunque quizá nunca lo sepan, es el de experimentar fármacos cuyas pruebas no se han aprobado todavía en Estados Unidos, y que ellos no podrán jamás comprar, incluso aunque las pruebas den -que está por verse- resultados razonablemente seguros. Después, esas personas desaparecen. Los voluntarios, por cierto, resultan caros. En Estados Unidos cuesta una media de 10.000 dólares por paciente realizar una prueba clínica; en Rusia cuesta 3.000 dólares, y en las regiones más pobres del mundo, todavía menos.

También descubrí que el Gran Farma norteamericano había convencido al Departamento de Estado de que amenazara a los Gobiernos de los países pobres con sanciones comerciales para impedir que fabricasen sus propias formas baratas de esos fármacos vitales y patentados que podrían aliviar la agonía de los 35 millones de hombres, mujeres y niños seropositivos del Tercer Mundo; el 80% de ellos, en el África subsahariana. En la jerga farmacéutica, esos medicamentos de imitación y no patentados se llaman genéricos. Al Gran Farma le gusta criticarlos sin reparos, con la insistencia en que no son seguros y se administran de forma descuidada, pero la realidad demuestra que no es cierta ninguna de las dos cosas. Sencillamente, salvan las mismas vidas que podría salvar el Gran Farma, pero a un coste mucho menor.

Por otro lado, el Gran Farma no inventó esos fármacos salvadores que después ha patentado y a los que ha dado un precio arbitrario y excesivo. Los antirretrovíricos los descubrieron, en su mayor parte, proyectos de investigación norteamericanos financiados con fondos públicos y dedicados a estudiar otras enfermedades, y sólo posteriormente se confiaron a las compañías farmacéuticas para su comercialización y explotación. Una vez que las multinacionales se hicieron con las patentes, decidieron cobrar lo que supusieron que un mercado occidental desesperado por el sida podría soportar: entre 12.000 y 15.000 dólares anuales para unos compuestos cuya fabricación sólo cuesta unos cientos. Se asignó un precio y Occidente, en general, se lo tragó. Nadie dijo que era un abuso de confianza a gran escala. Nadie señaló que África tiene el 80% de los pacientes de sida de todo el mundo, pero sólo el 1% del mercado del Gran Farma.

¿Qué es lo que oigo? ¿La vieja y manida excusa de las farmacéuticas de que necesitan tener grandes beneficios con un fármaco para poder financiar la investigación y el desarrollo de otros? Entonces, que alguien me diga, por favor, ¿cómo es que invierten el doble en comercialización que en investigación y desarrollo?

También oí hablar de la costumbre de librarse de medicamentos inadecuados o pasados de fecha mediante las donaciones caritativas, para quitarse de encima las reservas imposibles de vender, evitar los costes de la destrucción y obtener beneficios fiscales. Y me enteré de que se amplían deliberadamente las especificaciones de un medicamento para poder tener más mercado en el Tercer Mundo. Así, por ejemplo, un fármaco que en Europa occidental o Estados Unidos sólo tendría autorización para dolores extremos en casos de cáncer, en Nairobi puede venderse como simple remedio contra el dolor de cabeza, y a un precio varias veces superior al de París o Nueva York. Y lo más probable es que no figure ninguna contraindicación.

Luego, además, está el propio asunto de las patentes. Un compuesto puede tener una docena o más de patentes. Se patenta el proceso de fabricación. Se patenta el método de administración: pastillas, líquido o suero. Se patenta la dosificación, que puede ser diaria, semanal o quincenal: cada una puede generar otra nueva patente. Se patenta, si es posible, cada paso insignificante en la vida del fármaco, desde el laboratorio hasta el paciente. Y, por cada día que la compañía logra mantener a raya al fabricante de genéricos, gana una fortuna, porque el margen de beneficios, mientras tiene la patente en sus manos, es astronómico.

Pero el Gran Farma tiene planeado algo más, algo que, a largo plazo, podría ser más catastrófico que todo lo anterior. Está empeñado en la corrupción consciente y sistemática de la profesión médica, país por país, en todo el mundo. Está invirtiendo una fortuna en influir, contratar y comprar las opiniones científicas, hasta el punto de que, de aquí a unos años, si prosigue su camino sin que nadie le controle, será difícil encontrar un juicio médico imparcial.

¿Alguna vez se nos ocurre preguntar a nuestro médico de cabecera -en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia, España o Portugal-, cuando nos receta una medicina, si la compañía farmacéutica le paga para que la recete? Por supuesto que no. Estamos pensando en nuestro hijo. En nuestra esposa. En nuestro corazón, o nuestro riñón, o nuestra próstata. Y por ahora, gracias a Dios, la mayoría de los médicos rechazan el cebo. Pero otros no, y la consecuencia es, en los peores casos, que sus opiniones médicas no pertenecen a sus pacientes, sino a sus patrocinadores.

En Portugal, hace poco, un empleado del gigante farmacéutico alemán Bayer dio a los periódicos los nombres de 2.500 médicos a los que, aseguraba, se les pagaba para que recetasen los fármacos de la compañía. Se llama Pequito. A pesar de la protección de la policía, Pequito ha sido apuñalado dos veces en el curso de pocos meses. Tras el segundo ataque necesitó 70 puntos.

¿Alguna vez pedimos a nuestros Gobiernos que nos digan qué pagos en dinero y en especie ofrecen las compañías farmacéuticas a médicos de familia, cirujanos y especialistas? ¿Los seminarios y cursillos de formación en lugares de vacaciones, con viaje pagado para ellos y sus parejas y, ya de paso, también el alojamiento? Me han dicho que los preferidos son los que más recetan. Y, si no recetan mucho cuando llegan, es de esperar que lo hagan cuando regresen.
¿Alguna vez le preguntamos a nuestro farmacéutico, cuando nos da el último medicamento contra el dolor, todo nuevo y poderoso, por qué cuesta seis veces más que un bote de aspirinas y qué hace exactamente que la aspirina no pueda hacer?

Cuando nuestro tío tiene que someterse a una operación para sustituirle la cadera, ¿le preguntamos al cirujano: '¿Por qué esta cadera artificial en concreto? ¿Le dan una comisión, unas vacaciones gratis?'. Claro que no. Estamos demasiado inseguros, tenemos demasiado miedo, somos demasiado perezosos y educados.

¿Alguna vez nos detenemos a preguntarnos, en Gran Bretaña, cuántos miembros de los denominados comités de vigilancia que examinan la seguridad y la selección del Servicio Nacional de Salud tienen vínculos con las compañías farmacéuticas? Un tercio del comité británico para la seguridad en las medicinas ha declarado tener vínculos económicos con empresas farmacéuticas sobre cuyos productos deben emitir una opinión. En caso de posible parcialidad es el presidente del comité quien debe decidir. ¿Le tranquiliza este sistema a la opinión pública? ¿Es un método seguro contra el ejército creciente de vendedores, grupos de presión y compradores de influencia que infestan el mundo de la medicina? A ver quién se atreve a decir nada. Una decisión reciente del Ministerio de Salud británico prevé la posibilidad de que en los hospitales puedan recetar fármacos las enfermeras. ¿También ellas estarán sujetas a las presiones comerciales?

Y pensemos qué ocurre con la investigación médica académica, supuestamente imparcial, cuando los gigantes farmacéuticos hacen donación de edificios enteros para biotecnología y dotan cátedras en las universidades y los hospitales en los que se prueban y desarrollan sus productos. En los últimos años ha habido un goteo de casos alarmantes a propósito de hallazgos incómodos que se han suprimido o se han reelaborado, y a cuyos responsables se les ha acosado hasta echarles de sus centros, después de arruinar sistemáticamente sus reputaciones profesionales y personales mediante las maquinaciones de departamentos de relaciones públicas a sueldo de las farmacéuticas. En mi novela The Constant Gardener he unido varios de estos desafortunados casos en una persona a la que he dado el nombre de Lara. Lara es una investigadora química en Canadá, perseguida por la empresa farmacéutica que la contrató y por los colegas científicos cuyo pan, como el de ella, depende de la compañía.

El último bastión, cabría razonablemente esperar, debería ser el de las publicaciones científicas objetivas. Sin embargo, también aquí, por desgracia, tenemos que ser precavidos, como lo son ellas. The New England Journal of Medicine, la publicación más prestigiosa de Estados Unidos, confesaba recientemente, con pesar, haber descubierto que varios de sus colaboradores tienen conexiones no confesadas con la industria farmacéutica. Otras revistas menos poderosas, que no tienen ni la influencia ni los recursos para investigar los intereses ocultos de sus colaboradores, se han convertido quizá en poco más que escaparates para las empresas que quieren dar publicidad a sus productos. Y se sabe de más de un creador de opinión -es decir, catedrático de investigación- que ha prestado su nombre a un artículo que había escrito por él en la empresa.

La prensa general, por el contrario, ha empezado a prestar al público un servicio mucho mejor que antes, sobre todo en Estados Unidos. El año pasado, una investigación de once meses llevada a cabo por The Washington Post sobre las conductas incorrectas de compañías farmacéuticas estadounidenses y multinacionales en países pobres culminó con una serie de artículos demoledores que deberían proporcionar a sus autores un Premio Pulitzer, el agradecimiento de todas las personas decentes y el odio descarnado de la industria. Una de sus consecuencias inmediatas fue la creación de un comité nacional para supervisar las actividades de dichas compañías en el extranjero.

Otro artículo reciente, asimismo espléndido, de Tina Rosenberg en The New York Times Magazine ponía a Brasil como modelo, con razón, y nos mostraba las restricciones legales al control de las compañías farmacéuticas sobre sus propias patentes. En pocas palabras, Brasil ha dado más importancia a la supervivencia de su pueblo que a las quejas y protestas del Gran Farma. Ha fabricado sus propios antirretrovíricos a un precio de 700 dólares por el suministro de un año, frente a los 10.000, como mínimo, de las versiones patentadas. Y los está repartiendo a cualquier brasileño que los necesite, pueda pagarlos o no. Y el Gran Farma no ha ido corriendo y gritando a pedir ayuda a sus abogados y defensores o al Departamento de Estado norteamericano, sino que ha encajado el golpe y ha bajado sus precios para poder competir. A lo mejor resulta, después de todo, que las farmacéuticas no son tan poderosas como se creen. Desgraciadamente, con George W. Bush no es muy probable que lo averigüemos.

George W. Bush llegó al poder apoyado por una serie de gentes llenas de codicia, entre ellas el Gran Farma, que donó millones para su campaña, más del doble de la cantidad que dio a los demócratas. Varios de los padrinos y abuelos que crearon y promovieron a George W. tienen vínculos muy íntimos con la industria farmacéutica. Al acercarse al final de su segundo mandato, Clinton había aprendido a resistir frente a las presiones del Gran Farma -cuyo lobby cuenta con una financiación anual de 75 millones de dólares- y empezó a defender la distribución de fármacos genéricos contra el sida a la población del Tercer Mundo, que está muriéndose a millones por carecer de ellos. Sin embargo, todo parece indicar que George W. se ha comprometido a dar marcha atrás y volver al punto de partida.

¿Siguen los Gobiernos al frente de los países? ¿Siguen los presidentes al frente de los Gobiernos? En la guerra fría corría una frase en Berlín: 'Perdieron los buenos, pero ganaron los malos'. Durante un instante, a principios de los noventa, pudo suceder algo maravilloso: un plan Marshall, una reconciliación generosa de viejos enemigos, una reconstrucción de alianzas y, para el Tercer Mundo y el Cuarto, un compromiso de enfrentarse a los verdaderos enemigos de la humanidad: el hambre, las enfermedades, la pobreza, la destrucción ambiental, el despotismo y el colonialismo, bajo todas sus acepciones.

Pero ese deseo iluso contaba con que las naciones adelantadas hablasen como naciones adelantadas, no como portavoces contratados por empresas multinacionales y multimillonarias que consideran que la explotación de los enfermos y moribundos de la Tierra es un deber sagrado para con sus accionistas. Todo parece indicar que George W. Bush apoya a esas empresas. Mejor dicho, ellas le apoyan a él. Tina Rosenberg, en su artículo de The New York Times, proponía una de esas soluciones tan extraordinariamente sencillas que, por supuesto, son demasiado obvias y lógicas para que los burócratas de la salud de la comunidad mundial las consideren aceptables: que la Organización Mundial de la Salud se enfrente al sida en el mundo de la misma forma que el Unicef ha abordado las vacunaciones, una práctica que salva tres millones de vidas al año y previene enfermedades devastadoras en decenas de millones de personas. Rosenberg calculaba que el coste sería de unos 3.000 millones de dólares, una cifra -sugería- no demasiado terrible si de lo que se trata es de evitar el derrumbe de un continente.

Podría haber añadido -y tal vez lo hizo mentalmente- que la capitalización de mercado de una sola de las grandes compañías farmacéuticas, Pfizer, asciende a cientos de miles de millones de dólares.

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Por John Le Carré.

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Es curioso, este artículo se publicó en El País en el año 2001. Ha pasado mucho tiempo y aparentemente poco ha cambiado la situación de la industria farmacéutica; si acaso, a peor (para nosotros los mortales, claro).